A/HRC/42/30
Eritrea
53.
La Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea informó
de las dificultades para documentar una ejecución extrajudicial por temor a represalias
(véase A/HRC/38/50, párr. 61) y planteó la cuestión de las represalias en su declaración
ante la Asamblea General46. El Consejo de Derechos Humanos alentó a los Estados a
proteger la seguridad de las personas que habían cooperado con la comisión de
investigación sobre los derechos humanos en Eritrea y la Relatora Especial, a prestar la
debida atención a este asunto y a proteger a dichas personas de las represalias47.
Guatemala
54.
En múltiples ocasiones, los titulares de mandatos de los procedimientos especiales
abordaron los antejuicios y las campañas de estigmatización y denigración públicas contra
los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que cooperaban con la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), incluidos el Sr. Francisco de
Mata Vela, el Sr. Bonerge Mejía y la Sra. Gloria Porras, y sus familiares. También
expresaron su preocupación por las presuntas represalias contra magistrados con
competencia en casos de corrupción de alto perfil, delincuencia organizada y flujos
financieros ilícitos, incluida la Sra. Erika Lorena Aifán Dávila, la Sra. Iris Yassmin Barrios
y el Sr. Miguel Ángel Gálvez Aguilar (GTM 7/2018, GTM 13/2018 y GTM 1/2019) 48, así
como el Sr. Juan Pablo Xitimul de Paz.
55.
El 25 de abril de 2019, el Subsecretario General presentó por escrito las denuncias
mencionadas, así como las presuntas represalias contra la Sra. Claudia Samayoa, de la
dependencia de protección de los defensores de los derechos humanos en Guatemala, el
Sr. José Manuel Martínez, de JusticiaYa, y la Sra. Helen Mack, de la Fundación Mack,
quienes también habían sido atacados por su cooperación con la Comisión Internacional.
En el anexo II se incluyen denuncias de continuas represalias contra la institución nacional
de derechos humanos y su Procurador, el Sr. Augusto Jordán Rodas Andrade. El Gobierno
respondió el 24 de junio de 2019.
Honduras
56.
Se informó de que la Sra. Glenda Ayala, del mecanismo nacional de prevención de
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, había sufrido represalias
tras su participación en el examen de Honduras llevado a cabo por el Comité contra la
Desaparición Forzada en mayo de 2018. En el anexo II se incluyen denuncias de continuas
represalias contra la Sra. Hedme Castro, así como información sobre la evolución positiva
de la situación del Sr. Jerson Xitumul Morales.
Hungría
57.
El 10 de septiembre de 2018, los titulares de mandatos de los procedimientos
especiales examinaron la legislación y las prácticas que regulaban la sociedad civil
(HUN 7/2018)49. Mencionaron la Ley de Transparencia de las ONG (HUN 2/2017), que en
su opinión estigmatizaría a las ONG que recibieran financiación extranjera. Tomaron nota
de la Ley núm. VI de 2018, por la que se había tipificado un nuevo delito en el Código
Penal, a saber, el “apoyo y facilitación de la inmigración ilegal”, así como las enmiendas al
Código Tributario, incluido un impuesto del 25 % sobre la financiación de las
organizaciones que “promueven la migración”, ambas medidas que al parecer restringían la
cooperación con las entidades de las Naciones Unidas que prestaban asistencia a los
migrantes y refugiados, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados. Se ha informado de que las iniciativas legislativas y el discurso público
estigmatizador conexo intimidan a la sociedad civil y la disuaden de cooperar con las
Naciones Unidas, lo que da lugar a la autocensura y, en algunos casos, afecta a la
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https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23774&LangID=E.
Resolución 38/15 del Consejo de Derechos Humanos, párr. 8.
La respuesta del Gobierno puede consultarse en
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=34634.
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23533&LangID=E.
GE.19-15332