A/HRC/18/19 acerca de sus actuaciones, y consideraba que dicha actividad constituía una injerencia en dichas actuaciones. 45. El 17 de febrero de 2011, parece ser que la Sra. Setalvad fue advertida verbalmente de nuevo por los jueces D. K. Jain, P. Sathasivam y Aftab Alam en relación con sus escritos dirigidos al ACNUDH. 46. Parece ser que se comunicó la Sra. Jaiswal, la letrada de la Sra. Setalvad, que su cliente debía prometer no volver a enviar ninguna comunicación al ACNUDH con información relativa a las actuaciones judiciales. 47. En el momento de concluir el presente informe, el Gobierno de la India había transmitido un acuse de recibo de la comunicación enviada por los relatores especiales. 6. Kenya 48. El 30 de abril de 2010, varios titulares de mandatos de los procedimientos especiales transmitieron una comunicación14 al Gobierno de Kenya relativa al caso de Keneth Kirimi, un activista en defensa de los derechos humanos que colaboraba con la organización no gubernamental Release Political Prisoners y miembro de Bunge la Mwananchi, un movimiento de base popular que lucha contra la injusticia social y promueve la rendición de cuentas por parte de los dirigentes. Fue detenido el 22 de abril de 2010 por agentes de policía no uniformados y al parecer se le interrogó sobre su organización, la labor que realizaba el coordinador ejecutivo de la organización, la labor de la organización sobre las ejecuciones extrajudiciales y el hecho de haber puesto sus informes en conocimiento de Philip Alston, que era en esa época Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. En el momento de concluir el presente informe, el Gobierno de Kenya no había respondido a la comunicación. 7. Malawi 49. El 28 de marzo de 2011, dos titulares de mandatos de los procedimientos especiales hicieron un llamamiento urgente15 sobre la situación general de los defensores de los derechos humanos en Malawi y sobre una presunta campaña contra la sociedad civil. 50. Según la información recibida, parece ser que el Gobierno de Malawi puso en marcha una campaña pública de intimidación contra los defensores de los derechos humanos en un intento de impedir manifestaciones públicas para exigir reformas. Se afirmó que funcionarios gubernamentales habían declarado públicamente que estaban dispuestos a utilizar todos los medios necesarios para acallar el descontento general. 51. Se informó asimismo de que el Presidente había hecho comentarios sobre un grupo de defensores de los derechos humanos que habían presentado una declaración en el 16º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Al parecer, el Presidente declaró que "hay un grupo de 15 personas que se pasean por Europa diciendo que se violan los derechos humanos porque no permitimos que los profesores universitarios enseñen la revolución … Estamos esperando que regresen y nos digan cuál es su programa". Al parecer un periódico local publicó un artículo referente a la posibilidad de que las Naciones Unidas interrumpieran su ayuda a Malawi si los defensores de los derechos humanos proseguían con sus "comunicaciones irresponsables" ante el Consejo. Parece ser que los medios de comunicación controlados por el Estado transmitieron las críticas expresadas por los funcionarios gubernamentales acerca de la iniciativa de los defensores de los derechos 14 15 A/HRC/17/28/Add.4, párr. 51. A/HRC/17/27/Add.1, párrs. 1510 a 1520. GE.11-15074 (EXT) 11

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