A/HRC/36/31 I. Introducción 1. En su resolución 12/2, el Consejo de Derechos Humanos expresó su preocupación por los persistentes informes sobre actos de intimidación y represalia contra los particulares y los grupos que trataban de cooperar o habían cooperado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos, y su profunda preocupación por la gravedad de las represalias denunciadas. El Consejo condenó todo acto de intimidación o represalia de los gobiernos y los agentes no estatales y me invitó a que presentara al Consejo en su 14º período de sesiones, y anualmente en lo sucesivo, de conformidad con su programa de trabajo, un informe con una recopilación y un análisis de toda la información disponible, de todas las fuentes pertinentes, sobre presuntas represalias, así como recomendaciones sobre la forma de hacer frente a este problema. El presente informe es el octavo que se prepara de conformidad con la resolución 12/2 1. II. Evolución de la situación en respuesta a los actos de intimidación y represalia 2. Alarmado por el aumento del número de denuncias de casos de intimidación y represalia por cooperar con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos, en octubre de 2016 el anterior Secretario General designó al Subsecretario General de Derechos Humanos como alto funcionario para encabezar los esfuerzos dentro del sistema de las Naciones Unidas para hacer frente a actos de intimidación y represalia contra quienes cooperaban con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos. Esta decisión reflejó el reconocimiento por la Organización de que esos actos eran inaceptables, y subrayó la necesidad de fortalecer la acción en todo el sistema para prevenirlos, responder a ellos y hacerles frente. Hacer frente a las represalias y la intimidación es una prioridad y una responsabilidad fundamental de la Organización en su conjunto. 3. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se refirió a la cuestión de las represalias tomadas en varias ocasiones por funcionarios públicos contra personas que colaboraban con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos, en particular el 7 de junio de 2017, en su declaración ante el Consejo de Derechos Humanos en su 35º período de sesiones. El Alto Comisionado destacó que su propio personal, los procedimientos especiales y los órganos creados en virtud de tratados dependían de los miembros de la sociedad civil y las instituciones nacionales de derechos humanos, así como de muchos otros, para recabar ideas e información. Subrayó que, cuando el Gobierno u otros funcionarios intimidaban, detenían o causaban daño a personas, atentaban contra un elemento fundamental de la labor de las Naciones Unidas. 4. Varios Estados y organizaciones no gubernamentales (ONG) también han formulado declaraciones sobre la cuestión de las represalias; por ejemplo, el 16 de marzo de 2017, durante el 34º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el grupo básico sobre represalias (Fiji, Ghana, Hungría, Irlanda y Uruguay), en nombre de un grupo de 67 Estados, expresó profunda preocupación ante la persistencia de las represalias e instó a todos los Estados a que impidieran ese tipo de actos y se abstuvieran de cometerlos, y acogió con satisfacción la designación de un alto funcionario para dirigir las iniciativas de las Naciones Unidas en relación con esta cuestión. 5. Durante su reunión anual, celebrada en julio de 2016, los Presidentes de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos recomendaron la aplicación por todos los órganos creados en virtud de tratados de las Directrices contra la Intimidación o las Represalias (Directrices de San José) (HRI/MC/2015/6) aprobadas en su reunión de 2015 (véase A/71/270). Hasta la fecha, las Directrices han sido refrendadas por ocho de los diez órganos de tratados, que han designado relatores, coordinadores, o grupos de trabajo sobre 1 GE.18-04927 Véanse A/HRC/14/19, A/HRC/18/19, A/HRC/21/18, A/HRC/24/29, A/HRC/27/38, A/HRC/30/29 y A/HRC/33/19. 3

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